En 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió a España en contra de la detención y expulsión arbitraria de extranjeros. Sin embargo, la situación, lejos de haber mejorado desde que se produjo esta advertencia, se ha vuelto más dramática en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos. Algunos observadores han sacado a la palestra que hay evidencias de impunidad en gestión de muchas de las denuncias que tienen lugar en los CIE. Los detenidos que denuncian abusos son inmediatamente expulsados, el acceso a los testigos es difícil, los expedientes médicos no se encuentran disponibles con bastante frecuencia y el personal de seguridad y la policía no llevan las placas de identificación en muchas ocasiones.

Encerrar a personas cuyo único delito es la falta de posesión de documentos que certifiquen su situación administrativa regular ¿puede ser la única respuesta para enfrentar una cuestión tan compleja?

Al fin y al cabo, estamos hablando de personas que han abandonado sus países en busca de una vida mejor.

La opacidad en la detención de inmigrantes en España se evidencia en la ausencia de datos relacionados con la operativa policial y la falta de control por parte del Parlamento. Muchas de las estadísticas disponibles han sido recopiladas y publicadas por grupos de la sociedad civil, abogados, sindicatos de policías, organizaciones de derechos humanos y algún medio de comunicación. Sin embargo, siendo la falta de información acerca de estos centros una carencia enorme que debe ser denunciada, ¿es el único aspecto a tomar en consideración aquí? ¿No debería incitar todo esto a una reflexión más profunda acerca del hecho migratorio?