CONTEXTO

 

En 2009, el ComiRedadas Barnaté de Derechos Humanos de la ONU advirtió a España en contra de la detención y expulsión arbitraria de extranjeros. Sin embargo, la situación, lejos de haber mejorado desde que se produjo esta advertencia, se ha vuelto más dramática en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos. Algunos observadores han sacado a la palestra que hay evidencias de impunidad en gestión de muchas de las denuncias que tienen lugar en los CIE. Los detenidos que denuncian abusos son inmediatamente expulsados, el acceso a los testigos es difícil, los expedientes médicos no se encuentran disponibles con bastante frecuencia y el personal de seguridad y la policía no llevan las placas de identificación en muchas ocasiones.

Personal CIEEncerrar a personas cuyo único delito es la falta de posesión de documentos que certifiquen su situación administrativa regular ¿puede ser la única respuesta para enfrentar una cuestión tan compleja?

Al fin y al cabo, estamos hablando de personas que han abandonado sus países en busca de una vida mejor.

Captura de pantalla 2014-11-26 a las 12.01.31La opacidad en la detención de inmigrantes en España se evidencia en la ausencia de datos relacionados con la operativa policial y la falta de control por parte del Parlamento. Muchas de las estadísticas disponibles han sido recopiladas y publicadas por grupos de la sociedad civil, abogados, sindicatos de policías, organizaciones de derechos humanos y algún medio de comunicación. Sin embargo, siendo la falta de información acerca de estos centros una carencia enorme que debe ser denunciada, ¿es el único aspecto a tomar en consideración aquí? ¿No debería incitar todo esto a una reflexión más profunda acerca del hecho migratorio?

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